Las Cortes de Castilla-La Mancha han tomado la decisión de endurecer su reglamento con el objetivo de impedir que los grupos parlamentarios puedan imputar gastos realizados fuera de la comunidad autónoma. Esta modificación, impulsada por el PSOE, se ha aprobado con los 17 votos de la mayoría socialista, mientras que el PP se abstuvo con 10 votos y Vox votó en contra con 4.
Detalles de la modificación
La modificación del artículo 29.7 establece que «los grupos parlamentarios requerirán de los partidos políticos a los que se encuentren vinculados, a través del correspondiente convenio de colaboración, la justificacióndocumental del destino dado a los fondos». Estos fondos, según la nueva normativa, deberán ser utilizados exclusivamente para actividades políticas regionales y para el funcionamiento interno de los grupos parlamentarios dentro del ámbito de Castilla-La Mancha.
El responsable de la defensa de esta iniciativa, Ángel Tomás Godoy, ha afirmado que es imperativo que exista «una mejor justificación» del uso de los fondos para evitar que sean «usados fuera» de la comunidad. Godoy enfatizó que el dinero destinado a los grupos parlamentarios debe ser empleado para hacer política en Castilla-La Mancha, y no para financiar partidos a nivel nacional. Además, señaló a Vox por haber dirigido recursos públicos hacia su matriz en Madrid, subrayando que su dependencia financiera de la capital también implica una dependencia política.
Reacciones de los grupos parlamentarios
Desde el PP, su portavoz Santiago Serrano justificó la abstención de su grupo argumentando que esta propuesta se utiliza como «arma política» por parte del PSOE para ocultar sus propios escándalos. Serrano considera que la modificación «excede» las competencias del parlamento autonómico y añadió que su grupo está a favor de que las aportaciones estén justificadas «como es debido», pero sostiene que la redacción actual es suficiente y no requiere cambios.
Por su parte, el diputado de Vox, Luis Blázquez, ha calificado la reforma de «ilegal» y «viciada», pidiendo al presidente de las Cortes, Pablo Bellido, que la paralice. Blázquez argumentó que las Cortes ya cuentan con controles suficientes sobre los gastos y acusó a Bellido de no aceptar que Vox no encaja en el modelo autonómico que ha impuesto el bipartidismo.
La aprobación de esta reforma marca un cambio significativo en el manejo de los recursos públicos en Castilla-La Mancha, con la intención de aumentar la transparencia y limitar el uso de fondos a la actividad política regional.
