El Colectivo de Víctimas del Franquismo de la provincia de A Coruña ha solicitado oficialmente al cantante Julio Iglesias que devuelva a la Xunta de Galicia la cantidad de 300 millones de pesetas, casi 2 millones de euros, que le fueron concedidos en 1992 por el entonces presidente Manuel Fraga. Este requerimiento se enmarca en un manifiesto entregado a Alfonso Rueda, actual presidente de la Xunta, donde se argumenta que dicho importe fue otorgado bajo el concepto de «actividades de representación» y por la adquisición de los derechos de la canción Un canto a Galicia.
La petición del colectivo no se limita a la devolución del dinero, sino que también exige que, en caso de negativa por parte de Iglesias, sea el Partido Popular (PP), beneficiario de su campaña electoral, quien asuma la responsabilidad del reembolso. El manifiesto subraya que estos fondos deberían destinarse a subvenciones para asociaciones que trabajen en la memoria histórica y la recuperación de víctimas del franquismo.
Relación entre Iglesias y el PP
La conexión entre Julio Iglesias y el PP es notoria, evidenciada por su participación en la campaña electoral de 1996, donde respaldó a José María Aznar. Durante un mitin en Zaragoza, Iglesias expresó su apoyo al entonces candidato, afirmando: «Mi querido presidente. Qué alegría estar contigo, sabiendo que te quiero de verdad».
Además, en 1997, el artista firmó contratos con la Generalitat Valenciana, también bajo el liderazgo de Eduardo Zaplana, por un total de 990 millones de pesetas, cerca de 6 millones de euros. En una declaración posterior, Iglesias hizo comentarios irónicos sobre la compensación recibida, lo que refleja su relación con la política española.
Demandas adicionales y situación legal
El colectivo de víctimas no solo solicita la devolución del dinero, sino que también pide la revocación del título de Embajador de Galicia otorgado a Iglesias. Además, han iniciado una campaña para que los ayuntamientos de A Coruña y Betanzos, así como la Diputación Provincial de A Coruña, retiren los honores concedidos a Fraga, en conformidad con la ley de memoria democrática.
En un contexto más amplio, a principios de año, se conocieron acusaciones de presuntos abusos sexuales contra Julio Iglesias por parte de dos extrabajadoras de sus mansiones en Punta Cana y Bahamas. Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó la denuncia al considerar que no tenía jurisdicción sobre los hechos, que ocurrieron fuera de España.
Este archivo se justificó en base a que los delitos denunciados no guardan relación con el territorio español, y la investigación debería ser llevada a cabo por los estados donde realmente ocurrieron los hechos. La decisión de la Fiscalía destaca la complejidad de los asuntos legales que rodean al artista, a la vez que pone de relieve su conexión con la política y las controversias que lo envuelven.
