El coordinador general de Izquierda Unida en Aragón, Álvaro Sanz, ha criticado la «nula voluntad» del Gobierno aragonés para abordar los problemas sociales que afectan a la ciudadanía. Durante la reunión de la Coordinadora celebrada el pasado sábado en Zaragoza, Sanz ha denunciado la política de «escaparate» del Ejecutivo de Jorge Azcón, señalando que este «ignora» las necesidades urgentes de la población mientras favorece a las multinacionales.
En su intervención ante los medios, Sanz ha sido contundente: «Azcón ha vuelto de vacaciones con la alfombra roja lista para los de siempre: las grandes tecnológicas y los fondos de inversión, mientras que los problemas estructurales de Aragón siguen sin abordarse». Uno de los temas más preocupantes que ha destacado es la alta siniestralidad laboral, exigiendo la implementación urgente de la figura del delegado territorial de prevención. «No vamos a esperar a que el diálogo social se convierta en otro cajón de sastre», ha afirmado.
Críticas a la gestión de la consejera de Bienestar Social
Además, Sanz ha acusado al Gobierno de Aragón de «no tener voluntad política ni capacidad para proteger a los trabajadores». También ha censurado a los empresarios por «mirar hacia otro lado» ante la vulneración de la seguridad laboral. En otro orden de cosas, ha reprochado a la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, su «indolencia» en la acogida de menores que llegan solos al Estado español, calificando su actuación como «una chapuza».
Por su parte, la responsable de Políticas Sociales y Feminismo de IU Aragón, Marga Deyá, ha señalado el «desmantelamiento» de los servicios públicos en el inicio del curso escolar. «Anuncian millones, pero la realidad es que se bloquean aulas públicas con alumnado ya matriculado, se recorta personal y se favorece a la concertada», ha subrayado Deyá, quien ha insistido en que «hay dinero, pero no hay voluntad de invertirlo en lo que importa: la escuela pública, la diversidad, la igualdad».
Controversia en el Plan Corresponsables
Deyá ha criticado duramente el uso partidista del Plan Corresponsables, señalando que el Gobierno de Aragón ha cerrado 185 aulas de tarde y ha trasladado el coste de los servicios de madrugadores a las familias. «Solo cubren el 75% y el resto lo pagan los bolsillos de quienes menos tienen», ha denunciado. Para Deyá, «esto no es conciliación, es sabotaje», argumentando que el Gobierno utiliza el plan para atacar al Gobierno central mientras incumple sus propias competencias.
Desde Izquierda Unida de Aragón exigen al Ejecutivo de Azcón que abandone su estrategia de confrontación y comience a gobernar para la gente, destacando que «hay recursos de sobra en Aragón para garantizar servicios públicos dignos». «Lo que falta es voluntad política. Basta ya de hacer oposición desde el gobierno. Aragón necesita soluciones, no propaganda», ha concluido Sanz. Esta situación plantea un desafío significativo para el Gobierno regional, que deberá responder a las crecientes demandas sociales en un contexto de crisis y desigualdad.
