El despacho Equipo Económico, fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, ha presentado una solicitud para anular la causa judicial que lo investiga a él y al bufete. Esta petición fue fechada el pasado lunes y se encuentra firmada por el abogado José Antonio Choclán, quien representa tanto al despacho como a su socio director, Manuel de Vicente-Tutor.
La solicitud ha sido dirigida a la Audiencia Provincial de Tarragona, que es la instancia superior al Juzgado de Instrucción número 2 de la misma localidad, actualmente a cargo del juez Rubén Rus. Este tribunal tiene la autoridad para confirmar o anular las decisiones del instructor, quien investiga si el despacho ejerció influencia como lobby en el Ministerio de Hacienda entre 2014 y 2018, periodo en el que Montoro era el titular de la cartera, con el objetivo de favorecer a determinadas empresas gasistas clientes del bufete.
Argumentos de la defensa
En su escrito, Choclán denuncia la «dilatada» duración de la causa, que ha estado bajo secreto de sumario desde 2018 hasta 2025. Durante este tiempo, solamente la Fiscalía ha tenido acceso a la documentación relacionada con el caso. El Ministerio Público intentó levantar el secreto en 2022, pero su solicitud no tuvo éxito.
El abogado argumenta que el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona no tiene competencia para investigar estos hechos. En su recurso, subraya que «la indebida prolongación del secreto ha determinado que el proceso se encuentre viciado de nulidad». Choclán sostiene que, aunque el secreto ha sido levantado recientemente, el daño a los derechos fundamentales de los acusados es irreparable.
Críticas a la opacidad del proceso
El letrado señala que la prolongada opacidad del proceso ha impedido a su cliente cuestionar la competencia territorial del Juzgado. «La ausencia de imparcialidad se ha traducido en la vulneración de garantías básicas del proceso y la lesión del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva», afirma en su escrito.
Choclán critica lo que describe como una «clamorosa infracción de las garantías de información del proceso penal», argumentando que esto ha vulnerado el derecho a la defensa y ha viciado las diligencias de instrucción. Según él, la actuación irregular del Juzgado no puede ser subsanada simplemente permitiendo que las defensas intervengan en una instrucción ya muy avanzada.
En resumen, la defensa del despacho Equipo Económico ha puesto de manifiesto serias dudas sobre la legalidad y la transparencia del proceso judicial, planteando un desafío significativo a la continuidad de la causa. La Audiencia Provincial de Tarragona deberá ahora decidir sobre la solicitud presentada, lo que podría tener importantes implicaciones para el futuro del bufete y sus directivos.
