La política de deportaciones del Gobierno español ha suscitado una creciente preocupación debido a su falta de transparencia. Entre 2018 y 2024, se han expulsado un total de 21.466 inmigrantes ilegales de España, sin embargo, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez se niega a revelar la nacionalidad de los deportados. Esta información ha sido solicitada formalmente en el Congreso por el diputado de Unió del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, quien ha recibido una respuesta del Ministerio del Interior que justifica este secretismo.
Justificación del secretismo
La respuesta del Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, argumenta que el conocimiento de la nacionalidad de los deportados podría perjudicar las relaciones exteriores de España, comprometiendo la colaboración de las autoridades nacionales en los procesos de documentación. Según el Ministerio, la divulgación de esta información podría suponer un «perjuicio razonable y no hipotético» en las relaciones con los países de origen de los inmigrantes.
Además, el Gobierno ha apuntado que los procedimientos de expulsión se consideran sanciones de carácter administrativo, lo que añade un nivel de complejidad a la identificación de los deportados. La falta de información sobre las nacionalidades también impide conocer la comunidad autónoma de residencia de estas personas, un dato que fue igualmente solicitado por Catalán.
Descenso en las deportaciones
El análisis de las cifras de deportación revela una tendencia a la baja en el número de expulsiones. En 2018, se ejecutaron 4.181 órdenes de expulsión, cifra que ha disminuido a 3.031 en 2024, lo que representa una caída del 27,51% en seis años. Este descenso se ha visto acentuado por los mínimos históricos alcanzados durante la pandemia, cuando las cifras de deportación bajaron a 1.834 en 2020 y 2.025 en 2021.
Comparando estas cifras con los gobiernos anteriores, se observa que durante los dos mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), se expulsaron más de 81.000 inmigrantes, y en los siete años de Mariano Rajoy (2011-2018), alrededor de 47.000. A pesar de que la población extranjera en España ha aumentado en 2,5 millones en los últimos cinco años, el número de deportaciones ha disminuido notablemente.
El descenso en las expulsiones se relaciona no solo con la pandemia, sino también con las devoluciones en caliente, un procedimiento que permite el retorno inmediato de inmigrantes en frontera, sin acceso a un expediente individualizado ni derecho a recurso judicial.
Motivos de expulsión
Los motivos más frecuentes para las órdenes de expulsión están establecidos en la Ley de Extranjería. En aproximadamente el 70% de los casos, la razón es la permanencia en España sin autorización de residencia, mientras que el 18% está relacionado con condenas penales. El Ministerio del Interior ha señalado que la legislación actual exige el cumplimiento de procedimientos estrictos para la ejecución de las órdenes de expulsión, lo que puede complicar la identificación de los deportados.
A pesar de estas dificultades, el Ministerio afirma que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras está trabajando para resolver los trámites necesarios, adoptando en muchos casos medidas cautelares para facilitar la localización de los inmigrantes en situación irregular. La falta de documentación adecuada, las solicitudes de protección internacional y la negativa de los países de origen a aceptar a sus nacionales son algunos de los obstáculos que impiden la ejecución de las órdenes de expulsión.
En resumen, la falta de transparencia en las deportaciones y la disminución en el número de expulsiones reflejan un panorama complejo en la gestión de la inmigración en España, donde el Gobierno enfrenta el desafío de equilibrar la seguridad nacional con el respeto a los derechos humanos.
