El Grupo Parlamentario Popular ha registrado un conjunto de preguntas dirigidas al Gobierno sobre el uso de cámaras de videovigilancia de origen chino en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. Esta situación ha sido calificada por el PP como un asunto que «compromete» la seguridad nacional y la soberanía tecnológica de las fronteras españolas.
El diputado por Ceuta, Javier Celaya, ha exigido «respuestas claras» respecto a la instalación en 2021 de las cámaras DOMO de la marca Hikvision, la cual está prohibida en países como Estados Unidos y Reino Unido, y en instituciones de la Unión Europea debido a su vinculación con el régimen chino y su implicación en violaciones de derechos humanos, especialmente contra la población uigur.
El PP ha planteado varias preguntas al Gobierno: “¿Puede garantizar que estas cámaras no suponen una amenaza para la seguridad nacional en nuestras fronteras terrestres con Marruecos?”, y “¿Puede asegurar el Ejecutivo que la República Popular de China no tiene capacidad para supervisar las imágenes o el funcionamiento de estos dispositivos?”. Estas inquietudes reflejan el temor del partido ante la posibilidad de que la seguridad de las fronteras españolas esté en manos de una tecnología cuestionada.
Desde el Partido Popular se considera «inadmisible» que el control y la protección de las fronteras se expongan a tecnologías vetadas por aliados y socios internacionales. Esta preocupación se agrava al tratarse de un enclave tan delicado como el perímetro fronterizo con Marruecos.
En este contexto, Celaya ha instado al Gobierno a aclarar si se ha realizado una evaluación de riesgos y si se han tomado medidas adecuadas de ciberseguridad. Además, ha cuestionado por qué se ha optado por una empresa cuya reputación está comprometida debido a su relación con el régimen chino.
El Grupo Popular ha exigido también «transparencia, garantías de seguridad y una auditoría urgente» de los sistemas de videovigilancia en Ceuta y Melilla. Esto es fundamental para evitar cualquier interferencia extranjera en una cuestión que afecta directamente a la integridad territorial y a la seguridad de los ciudadanos españoles.
Este episodio pone de relieve la tensión existente en torno a la tecnología de vigilancia en zonas sensibles y las implicaciones que puede tener para la seguridad nacional. La respuesta del Gobierno será crucial para disipar las dudas y asegurar a la ciudadanía que sus fronteras están protegidas de forma adecuada y segura.
