El 3 de octubre de 2025, el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, expresó su profundo descontento tras la concesión del tercer grado al terrorista Juan Carlos Iglesias Chouzas, conocido como ‘Gadafi’, quien ha sido condenado por 15 asesinatos. Esta decisión ha provocado una fuerte reacción en el País Vasco, donde las víctimas del terrorismo y sus familiares sienten que se vuelve a menospreciar su sufrimiento.
‘Gadafi’, miembro de la organización terrorista ETA, podrá disfrutar de libertad condicional, con la única obligación de regresar a la prisión para dormir, sin ninguna orden de alejamiento de las familias de sus víctimas. Según el Ministerio del Interior, el terrorista no cumple los requisitos necesarios para acceder a este privilegio, lo que ha llevado al Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) a manifestar su indignación.
Política penitenciaria y acuerdos con Bildu
Durante un pleno en el Parlamento vasco, Javier de Andrés acusó al Gobierno del lendakari Pradales de llevar a cabo una política penitenciaria que favorece los intereses de Bildu y del PSOE. «El sanchismo paga los favores de Bildu por medio de indultos disfrazados de procedimiento penitenciario», aseguró de Andrés, dirigiéndose a María Jesús San José, consejera de Justicia del Gobierno vasco, quien firmó la concesión del tercer grado.
De Andrés no se limitó a criticar a San José, sino que también extendió su reproche al lendakari, afirmando que su gobierno actúa en función de los acuerdos que mantienen el PSOE y Bildu. En este sentido, la situación de ‘Gadafi’ se convierte en un símbolo del pacto tácito entre ambas formaciones políticas, según el dirigente popular.
Implicaciones del tercer grado
La concesión del tercer grado a ‘Gadafi’ ha suscitado un debate intenso sobre la política penitenciaria en el País Vasco. Aunque el Gobierno vasco sostiene que esta decisión responde a criterios de reinserción, muchos consideran que se trata de un privilegio inmerecido para un individuo con un historial tan violento. Desde el Colectivo de Víctimas del Terrorismo han denunciado que este tipo de medidas debilitan la memoria histórica y el respeto hacia las víctimas del terrorismo.
Las palabras de Javier de Andrés resuenan en un contexto en el que las decisiones del Gobierno sobre la política penitenciaria son constantemente cuestionadas. La percepción de que se está otorgando un trato especial a terroristas ha generado una gran preocupación entre los ciudadanos y las asociaciones de víctimas, que temen que la justicia no se aplique de manera equitativa.
En el marco de esta polémica, el debate sobre el futuro de la política penitenciaria en el País Vasco sigue abierto, y las reacciones ante la concesión de beneficios a terroristas como ‘Gadafi’ son un reflejo de la tensión existente en la sociedad vasca. La cuestión de qué tipo de justicia se debe aplicar sigue polarizando a la opinión pública.
