El Govern de Salvador Illa dará un paso significativo en la modernización de la administración pública al aprobar el próximo martes un convenio de colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Este acuerdo tiene como objetivo evaluar la normativa pública de Catalunya y proponer mejoras que faciliten la reducción de la burocracia y aumenten la eficiencia y calidad regulatoria.
El convenio, que tendrá una duración de 18 meses, representa un hito al ser el primero de este tipo que firma una región con la OCDE, que hasta ahora ha centrado sus esfuerzos en trabajar con Estados a través de recomendaciones y herramientas como la evaluación de impacto regulatorio y la digitalización. La colaboración entre el Ejecutivo de Illa y la OCDE no es nueva, ya que el año pasado se firmó otro acuerdo para mejorar los resultados académicos de las escuelas públicas de Catalunya.
Fases del proyecto y objetivos claros
Según ha informado La Vanguardia, el Gobierno catalán solicitará a la OCDE una evaluación exhaustiva de las leyes existentes en Catalunya para hacerlas más claras y eficaces. Este objetivo se enmarca dentro de la reforma de la administración pública que el Govern se propuso al inicio de su mandato, liderada por la Conselleria de Presidència, bajo la dirección de Albert Dalmau.
El convenio se desarrollará en tres fases. En la primera, la OCDE realizará un análisis completo de las normas de la Generalitat. Tras esta fase diagnóstica, se procederá a la evaluación, y en la etapa final, se diseñará un conjunto de mejoras junto con soporte técnico para capacitar al personal encargado de implementarlas. Este enfoque integral busca no solo simplificar procesos, sino también modernizar la administración en su conjunto.
Mejoras en servicios públicos y nuevos presupuestos
La reducción de la burocracia y la modernización de la administración son temas centrales en la agenda del Govern, tal y como se discutió en el tercer encuentro del Gobierno celebrado en Arnes (Terra Alta). Illa pretende preparar el nuevo curso político, que incluirá la aprobación de los primeros presupuestos de la Generalitat en este mandato socialista. En esta reunión se abordó cómo avanzar en la agilización y simplificación de trámites, con el objetivo de transformar más de 170 trámites y servicios.
Entre los trámites prioritarios se encuentran la tramitación de ayudas a la movilidad internacional de estudiantes, prestaciones sociales como la renta garantizada de ciudadanía, pensiones no contributivas por invalidez o jubilación, y el reconocimiento de la situación de dependencia y discapacidad. Este esfuerzo busca mejorar la atención y los servicios ofrecidos a la ciudadanía.
Al finalizar el encuentro en Arnes, Illa destacó que los objetivos para el nuevo curso político se resumen en “mejorar los servicios públicos”. Como ejemplo de esta mejora, mencionó la inversión de 5,2 millones de euros destinada a actualizar el Hospital Comarcal de Móra d’Ebre, que presta servicio a tres comarcas: Ribera d’Ebre, Terra Alta y Priorat.
Sin embargo, para mantener esta línea de acción, el Govern deberá explorar acuerdos con sus socios de investidura, ERC y Comuns, para aprobar los nuevos presupuestos o, en su defecto, los suplementos de crédito necesarios para aumentar los recursos disponibles debido a la mejora en los ingresos públicos. Hasta el momento, los contactos con estos socios no se han iniciado, ya que el Govern se centra en el “trabajo interno” para elaborar un marco presupuestario, y en los próximos días se aprobará el techo de gasto para 2026, lo que marcará el inicio de la elaboración del anteproyecto y la necesaria negociación política.
