La situación económica en España se encuentra en un momento crítico, donde la admirable capacidad de resistencia del pueblo español empieza a mostrar signos de agotamiento. Esto es evidente en las recientes citas electorales autonómicas, donde la insatisfacción con la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez se ha hecho palpable.
El Ejecutivo, que ha estado en coalición con Sumar desde 2023 y anteriormente con Podemos, ha implementado cerca de un centenar de subidas de impuestos que afectan a prácticamente todas las áreas de la economía. La decisión de no deflactar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para compensar el impacto de la inflación ha reducido los ingresos efectivos de los españoles en 2025 a niveles por debajo de 2018.
Impacto económico y déficit estructural
Durante el mismo periodo, el Producto Interior Bruto (PIB) ha crecido de 1,21 a 1,69 billones de euros, casi un 40% más, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, este crecimiento no se ha traducido en una mejora del bienestar general, ya que la gestión pública ha mostrado una tendencia al expolio del sector privado.
Hemos sido testigos de intervenciones del Gobierno en empresas privadas como Telefónica o Indra por motivos políticos, lo que ha generado una creciente desconfianza entre los inversores. A pesar de los récords de recaudación fiscal, la falta de inversión en infraestructuras ha tenido consecuencias serias, incluyendo accidentes ferroviarios como el ocurrido en Adamuz (Córdoba).
La red de Alta Velocidad, que antes era motivo de orgullo nacional, ha perdido su fiabilidad, convirtiendo el tren en el medio de transporte público menos confiable. La crisis energética, exacerbada por la ‘fiebre renovable’, también ha dejado huella, como se evidenció en el apagón que afectó a toda España el 28 de abril de 2025.
Dificultades en la Seguridad Social y aumento de la deuda
La situación del Sistema de Seguridad Social es igualmente alarmante. La entidad acumula un déficit de cerca de 70.000 millones de euros debido a que el gasto en pensiones ha superado los 14.000 millones mensuales, un 50% más alto que en 2018. Este déficit se financia con deuda pública, ya que el número de jubilados sigue en aumento y el Gobierno teme poner en riesgo los votos de este colectivo, que supera los 10 millones de personas.
A pesar del aumento en los ingresos por cotizaciones sociales, la deuda pública ha crecido de 1,21 a 1,71 billones de euros en los últimos siete años, lo que representa un incremento de más del 40%. Este panorama refleja la incapacidad del Gobierno para presentar una nueva ‘hoja de ruta’ que permita gestionar el ingente gasto público.
El hecho de que el Gobierno opere con Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados desde hace tres años evidencia la falta de apoyos parlamentarios para aprobar leyes significativas. Como resultado, el principal motor de la economía española, que es el sector público, se ha convertido en un gigante incapaz de innovar o invertir en áreas productivas que permitan el progreso del país.
A pesar de estas dificultades, hay un rayo de esperanza: el número de cotizantes en la Seguridad Social ha alcanz cifras históricas y el PIB español, a pesar de las adversidades, sigue liderando las estadísticas de revalorización en Europa. Esta es una muestra de la resistencia del pueblo español, que, a pesar de los efectos negativos de la gestión pública, sigue mostrando una capacidad de adaptación admirable.
