El 15 de septiembre, las comunidades autónomas debían pronunciarse sobre la propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para implementar un nuevo mapa concesional de autobuses en España. Sin embargo, solo cinco regiones han aceptado la oferta: Asturias, Guipúzcoa, Álava, Cataluña y Castilla-La Mancha. Las comunidades restantes, en su mayoría gobernadas por el Partido Popular (PP), han rechazado la propuesta, según fuentes del ministerio que indican que esta respuesta era «lo esperado».
Desde el PP, se ha expresado que el nuevo mapa podría suponer la eliminación de numerosas paradas de autobús en áreas despobladas. Algunas comunidades no solo han rechazado la propuesta, sino que también han optado por no responder a la carta enviada por el ministerio, pidiendo en su lugar la celebración de una conferencia sectorial para discutir el tema.
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El ministerio, liderado por Óscar Puente, ha afirmado que continuará prestando servicios de transporte en las comunidades que no han aceptado el nuevo esquema, utilizando concesiones de la Administración General del Estado. «Una vez más, el PP busca generar problemas sin aportar soluciones, a diferencia de lo que está haciendo este Gobierno», han señalado las fuentes de Transportes. A pesar de la negativa del PP, el ministerio garantiza que todas las paradas de las líneas de autobuses interurbanas se mantendrán, asegurando que la ciudadanía no perderá sus oportunidades de viaje.
Las comunidades que sí han aceptado el nuevo mapa concesional están dispuestas a colaborar, aunque algunas lo hacen con condiciones. El ministerio trabaja en la creación de un esquema que optimice los desplazamientos entre comunidades, con reducciones en los tiempos de viaje que podrían alcanzar hasta tres horas en algunos casos, con una media de reducción de 20 minutos.
El Ministerio de Transportes ha ofrecido 40 millones de euros a las regiones para que gestionen sus propias rutas de autobuses, tanto locales como interurbanas. La idea es que la red estatal asuma la demanda de viajeros de largo recorrido, mientras que las comunidades autónomas se hagan cargo del tráfico regional. Sin embargo, ante la negativa de diez regiones a unirse al nuevo mapa, la mayoría de las concesiones de transporte seguirán siendo gestionadas por el ministerio.
