Este martes, un grupo de vecinos del barrio ovetense de La Corredoria ha comparecido en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) para expresar su descontento por el cierre del enlace de la AS-II, que lleva cinco años sin funcionar. Los residentes han reprochado tanto al Principado como al Ayuntamiento su falta de acción en la reapertura de esta importante vía, crucial para la movilidad de la zona.
Durante la sesión, los afectados no solo manifestaron su frustración, sino que también cuestionaron por qué las autoridades políticas no parecen percatarse de la urgencia de este asunto. La falta de comunicación y respuesta ante las demandas de los ciudadanos se ha convertido en un tema recurrente en las intervenciones. “¿Por qué los políticos no lo ven?”, fue una de las preguntas que resonó con más fuerza entre los presentes.
Impacto del cierre en la comunidad
El cierre del enlace ha tenido un impacto significativo en la vida diaria de los vecinos. Muchos de ellos se ven obligados a realizar largos rodeos para acceder a otras partes de la ciudad, lo que afecta no solo su tiempo de desplazamiento, sino también la calidad de vida en el barrio. La comunidad ha señalado que, además de la incomodidad, esta situación ha repercutido negativamente en la actividad comercial local, afectando a pequeños negocios que dependen del tráfico de clientes.
Los testimonios de los vecinos reflejan una creciente frustración ante la inacción de las autoridades. “No pedimos milagros, solo queremos que se escuchen nuestras voces y se actúe”, afirmó uno de los residentes durante su intervención. Este clamor se produce en un contexto donde la movilidad urbana se ha convertido en una prioridad para muchas ciudades, y La Corredoria no es la excepción.
Demandas y posibles soluciones
Los vecinos han propuesto diversas soluciones que podrían facilitar la reapertura del vial. Entre ellas, la realización de un estudio de viabilidad que contemple las necesidades de los residentes y el impacto sobre el tráfico de la zona. Asimismo, han solicitado una mayor transparencia en los procesos de decisión y un compromiso real por parte de las instituciones para abordar este problema.
La situación ha generado un creciente apoyo en redes sociales, donde los vecinos han iniciado campañas para visibilizar su causa. La presión social podría ser un factor determinante para que las autoridades reconsideren su postura y actúen en favor de la comunidad. En este sentido, los habitantes de La Corredoria se han comprometido a seguir luchando por sus derechos, exigiendo respuestas y acciones concretas.
La falta de respuesta a estas demandas plantea un interrogante sobre la eficacia de la comunicación entre las instituciones y los ciudadanos. La situación actual refleja un desafío para el gobierno local, que debe encontrar un equilibrio entre las necesidades de los vecinos y la planificación urbana sostenible.
