El excomisario de policía jubilado José Manuel Villarejo ha declarado que la liquidación de la Banca Privada d’Andorra (BPA) en 2015 fue una operación orquestada directamente por el gobierno de Mariano Rajoy. Según Villarejo, la intervención fue de tal magnitud que no pudo ser llevada a cabo por un simple comisario o un coronel del CNI, sino que implicó decisiones desde la presidencia del gobierno español.
Durante su declaración ante la jueza de instrucción especializada n.º 2 de Andorra, Villarejo destacó que el cierre de la BPA y su filial española, Banco Madrid, sirvió para obtener información sobre cuentas bancarias de líderes independentistas, en colaboración con Estados Unidos. «Una operación de tal calado solo la pueden orquestar y ejecutar gobiernos al más alto nivel», afirmó Villarejo.
Consecuencias y contexto de la liquidación
La liquidación de la BPA no solo afectó a la entidad bancaria, sino que también marcó el inicio del declive del clan Pujol y su influencia política. En julio de 2014, se reveló que la familia Pujol tenía dinero en la BPA, lo que precipitó una serie de eventos que culminaron en este escándalo financiero. Villarejo, quien ha enfrentado diversas controversias a lo largo de su carrera, considera que su prisión se debió a su disposición para hablar sobre la situación en Andorra.
Villarejo ha manifestado que la falta de colaboración de la BPA con las autoridades españolas para proporcionar información sobre cuentas de figuras políticas fue una de las razones detrás de la acción gubernamental. Según sus afirmaciones, esta falta de cooperación motivó una “venganza” que culminó en la liquidación de la entidad bancaria.
Implicaciones legales y declaraciones del Institut de Drets Humans
La causa que investiga la liquidación de la BPA ha llevado a la imputación de altos funcionarios del gobierno de Rajoy, incluyendo a los exministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, e Interior, Jorge Fernández Díaz, así como a varios exmiembros de la cúpula policial. Esta situación se originó a partir de una querella presentada en 2020 por el Institut de Drets Humans d’Andorra, que acusó a España de informar a Estados Unidos sobre casos de dinero sucio en la BPA, relacionados con mafias de varios países.
La presidenta del Institut, Elisa Muxella, ha expresado su preocupación por las consecuencias de estas acciones, señalando que se hicieron graves daños a muchas personas sin que se haya producido una respuesta adecuada. Muxella afirmó que la intervención en la BPA fue un ataque a la soberanía del pequeño país andorrano, resaltando la indignación que sienten ante la falta de justicia y la impunidad que rodea a los responsables.
Villarejo concluyó su declaración afirmando que ha respondido a todas las preguntas de la jueza y que está dispuesto a presentar su versión de los hechos en España, aunque anticipa que podría enfrentar nuevas repercusiones por sus declaraciones.
