El Ministerio de Función Pública ha propuesto una subida salarial del 11% para los funcionarios que se implementará entre 2025 y 2028, según lo acordado en la reunión celebrada el lunes con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF. Esta oferta incluye un incremento inmediato del 2,5% que se abonará en diciembre de 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de ese año.
Puedes ver el video relacionado a continuación:
La subida salarial será fija, lo que la diferencia del acuerdo anterior, que incluía componentes variables. Esta decisión podría llevar el incremento total al 11,45% si se considera el deslizamiento de las tablas salariales. Sin embargo, el principal punto de conflicto radica en el porcentaje de subida para 2025 y 2026, que actualmente está fijado en un 4% para ambos ejercicios, una cifra que CCOO considera «insuficiente».
El sindicato ha manifestado su intención de continuar las negociaciones, argumentando que hay margen para alcanzar un acuerdo, aunque no descartan movilizaciones si el Gobierno no muestra disposición a ceder. La próxima reunión está programada para el miércoles a las 18:00 horas.
CSIF ha expresado que revisará el contenido negociado, aunque consideran que la propuesta del Ministerio necesita mejoras en varios aspectos. La organización ha subrayado la necesidad de un acuerdo que mejore las condiciones laborales de los empleados públicos, quienes llevan casi un año con el sueldo congelado. Además, se han acordado aspectos fundamentales como la eliminación de la tasa de reposición de vacantes y mejoras en las cuantías por insularidad.
Por su parte, UGT Servicios Públicos ya ha apoyado la propuesta del 11% tras una modificación del Ministerio que elevó la oferta inicial del 10%. La secretaria general de UGT, Isabel Araque, ha señalado que hay aspectos pendientes de negociación, incluyendo la posibilidad de ajustar la subida salarial entre 2026 y 2027. A pesar de los avances, Araque ha indicado que persisten «flecos» en la negociación que se abordarán en la próxima reunión.
En el encuentro de más de cinco horas, presidido por Consuelo Sánchez Naranjo, secretaria de Estado de Función Pública, se ha discutido un marco plurianual para mejorar las condiciones laborales de más de tres millones de empleados públicos. El ministro de Función Pública, Óscar López, ha afirmado que la subida salarial se ha diseñado teniendo en cuenta la inflación, buscando mantener el poder adquisitivo de los funcionarios.
Este nuevo acuerdo salarial es un paso significativo, ya que el anterior pacto, vigente entre 2022 y 2024, contemplaba una subida de aproximadamente el 10% y un gasto cercano a 13.000 millones de euros. La situación de los funcionarios en lugares como Ibiza y Formentera también ha sido objeto de análisis, con demandas adicionales sobre el plus de insularidad.
El futuro de las negociaciones dependerá de la disposición del Gobierno para ajustar su propuesta y de la capacidad de los sindicatos para mantener la presión y lograr un acuerdo beneficioso para todos los empleados públicos.
