Isabel, una mujer de 91 años y con una delicada salud, ha tenido que soportar el inusual peso de mantener a sus okupas durante más de cuatro años. Estos inquilinos, de nacionalidad marroquí, alegaron una supuesta vulnerabilidad para suspender las sentencias que ordenaban su desalojo, lo que ha complicado aún más la situación de la anciana.
Según información obtenida por THE OBJECTIVE, los okupas recibían 1 309,25 euros al mes en concepto de Ingreso Mínimo Vital, una cantidad superior a la pensión de Isabel. A pesar de este ingreso, dejaron de pagar los 400 euros de renta acordados y utilizaron diversas estrategias legales para retrasar su desalojo, a pesar de contar con sentencias firmes a su favor desde abril de 2023.
Intervención legal y resolución del caso
El calvario de Isabel terminó este mes de abril gracias a la intervención del despacho Torres y Tur Abogados, con sede en Málaga, que logró recuperar la vivienda tras un largo proceso judicial. La batalla legal comenzó en 2022, cuando Isabel presentó una demanda contra Abdelkader, el arrendatario. El Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Málaga dictó sentencia el 25 de julio de 2022, resolviendo el contrato de arrendamiento y ordenando el desalojo del ocupante.
A pesar de esta sentencia, el inquilino apeló, lo que llevó a una nueva evaluación por parte de la Audiencia Provincial de Málaga, que el 28 de abril de 2023 confirmó la resolución inicial. Tras esta decisión, se promovió la ejecución judicial para recuperar la posesión del inmueble.
Vulnerabilidad y justicia social
Sin embargo, el proceso se detuvo cuando Abdelkader alegó una situación de vulnerabilidad, solicitando la suspensión del desalojo. Su defensa argumentó que su situación económica, tras el cierre de su negocio debido a la pandemia, le imposibilitaba encontrar una alternativa habitacional.
La situación de Isabel se complicó aún más, ya que, según la documentación médica presentada, había sido ingresada recientemente por un traumatismo en la cadera, lo que requería cuidados y rehabilitación. Este hecho subraya la gravedad de la situación en la que se encontraba la anciana, quien, a pesar de contar con sentencias favorables, no podía acceder a su propia vivienda.
El caso de Isabel pone de manifiesto un problema creciente en los procedimientos de desahucio en España, donde la alegación de vulnerabilidad puede paralizar un desalojo durante meses o incluso años, independientemente de la situación económica de las partes implicadas. Rubén Torres, abogado de Isabel, señala que la normativa de protección fue diseñada para ayudar a quienes realmente no tienen opciones de vivienda, y que su aplicación automática en casos como este genera una injusticia difícil de justificar.
Este calvario ha llevado a un debate sobre la necesidad de que los juzgados verifiquen la situación económica de ambas partes antes de acordar la suspensión de un desalojo. La historia de Isabel es un claro recordatorio de las complejidades que rodean el derecho a la vivienda y la protección de los más vulnerables en la sociedad.
