La modernización de España ha sufrido un duro golpe en los últimos años, evidenciado por la crisis provocada por la pandemia y la posterior falta de inversiones en infraestructuras. Este retroceso se manifiesta en la degradación de servicios públicos que, hasta hace poco, representaban un orgullo nacional.
La era de la modernización y sus fracasos
Durante la década de los 90, la puesta en funcionamiento del AVE Madrid-Sevilla simbolizaba el deseo de dejar atrás el “sindrome de la chapuza” que tanto caracterizaba a la sociedad española. Para el entonces presidente, Felipe González, la premisa era clara: «Que España funcione». Sin embargo, dos décadas después, el sueño se ha convertido en pesadilla.
La llegada del COVID-19 puso de manifiesto que España no estaba tan preparada como se había proclamado. Con más de 146.000 muertes según el INE, el país lideró trágicamente las estadísticas europeas de contagios y decesos, evidenciando una falta de planeación y una sobreestimación de sus capacidades.
Un colapso en la infraestructura
La situación se ha vuelto aún más preocupante en el ámbito del transporte, donde un reciente informe de la Asociación Española de la Carretera (AEC) revela que el 52% de la red viaria estatal está en condiciones deficientes, la peor cifra en 40 años. Las autovías que antaño eran un orgullo nacional ahora presentan grietas y baches, mientras que el servicio de trenes, tanto en Cataluña como en Madrid, está marcado por un alarmante número de incidencias.
El AVE, que solía ser sinónimo de velocidad y eficacia, se ha convertido en una fuente de frustración, con usuarios enfrentándose a largas esperas y rescates por parte de la Guardia Civil. La normalidad se ha transformado en retrasos, averías y falta de información.
Además, la crisis climática ha dejado su huella, con episodios devastadores como los 229 muertos por la DANA en Valencia y un número alarmante de fallecimientos por calor que sitúa a España como uno de los países más afectados en Europa durante el verano.
El fracaso en la política de vivienda
El mayor fracaso de todos sigue siendo el de la vivienda. A pesar de siete años de leyes progresistas, la situación es crítica, con un aumento desmesurado en los precios de alquiler y compra de viviendas en las grandes ciudades. Esta realidad ha creado una nueva «casta intocable» de okupas y ha exacerbado la polarización social.
El Gobierno ha encontrado en la codicia de los pequeños propietarios un chivo expiatorio, mientras que los resultados de la economía parecen contradictorios. A pesar de que España lidera el crecimiento económico en Europa y ha visto un aumento en la recaudación fiscal, las inversiones en servicios esenciales como sanidad y educación siguen estancadas.
La falta de claridad sobre el destino de las inversiones públicas genera incertidumbre. En un contexto donde la Unión Europea ha inyectado millones de euros en ayudas, la pregunta persiste: ¿dónde se está gastando el dinero?
La decadencia de los servicios públicos no solo impacta la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también erosiona la confianza en las instituciones democráticas. Organismos como el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General han visto mermada su función, convirtiéndose en herramientas al servicio del poder político, lo que agrava aún más la situación.
La sensación de un país achatarrado se ha instalado en la sociedad española, que observa con preocupación cómo los logros de modernización se desvanecen, dejando en su lugar un panorama de incertidumbre y descontento.
