La Policía Local de Toledo ha inmovilizado alrededor de una treintena de vehículos de la compañía Bolt por operar ilegalmente en trayectos urbanos, una acción que ha generado controversia y debate sobre la regulación del transporte en Castilla-La Mancha.
Desde el pasado viernes, estos vehículos, que habían llegado a la ciudad bajo la condición de operar únicamente en trayectos interurbanos, han sido objeto de sanciones. Según el consejero de Fomento, Nacho Hernando, “los únicos que pueden hacer transporte con origen y destino dentro de un municipio son los taxis, y las VTC pueden llevar a pasajeros, pero solamente entre un municipio y otro”. Esto implica que los viajes dentro de Toledo están prohibidos para estos vehículos.
Inmovilizaciones y sanciones económicas
La actuación de la policía ha incluido la retirada de vehículos mediante grúas, lo que ha sido documentado en redes sociales, como un vídeo en TikTok donde se observa a un agente informando a un usuario sobre la ilegalidad de su trayecto. Hernando ha señalado que si los vehículos de Bolt incumplen la ley, “se exponen no solamente a las multas, sino también a la inmovilización del vehículo”. En caso de reiterados incumplimientos, las sanciones pueden ascender hasta los 4 000 euros.
La compañía Bolt ha respondido a estas acusaciones, asegurando que sus vehículos operan de manera “100% legal”. En declaraciones a COPE Toledo, el presidente de Bolt en España, Daniel Georges, afirmó que la Junta de Castilla-La Mancha se ha negado a regular esta actividad, contraviniendo la jurisprudencia europea. Georges solicitó una regulación que permita a Bolt operar de manera similar a otras comunidades y ciudades europeas.
Demandas de regulación y derechos de movilidad
Además de las inmovilizaciones, Bolt ha calificado como “escandaloso” que se detenga a vehículos con pasajeros a bordo y se les obligue a abandonar el coche para tomar un taxi. Desde la empresa se sostiene que han sido siete los vehículos inmovilizados y que su prioridad es “el ciudadano y el usuario”, añadiendo que continuarán prestando servicio “mientras la ley lo permita”. Bolt exige al Ayuntamiento y a la Junta una adaptación urgente de la normativa para garantizar la libre competencia y el derecho a la movilidad.
La situación en Toledo pone de relieve las tensiones entre la regulación del transporte y las nuevas formas de movilidad, así como la necesidad de un marco normativo adaptado a los tiempos actuales que contemple tanto la seguridad de los ciudadanos como la viabilidad de empresas como Bolt.
