El Ministerio del Interior ha modificado su enfoque en la disputa que mantiene con el sector hotelero y las agencias de viajes respecto al nuevo registro de viajeros, que entrará en vigor el 1 de diciembre de 2024. Después de un largo periodo de espera y críticas por la falta de diálogo, ambas partes han mantenido una reunión inicial, promovida por la CEOE, en la que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska se comprometió a modificar el registro según las necesidades de los sectores implicados.
Los hoteleros expresaron su preocupación por los requisitos del nuevo registro, que exige la recopilación de hasta 42 datos de cada viajero. Argumentan que esto no solo ralentizará el proceso de entrada a sus establecimientos, sino que también podría contradecir normativas de protección de datos. Entre la información solicitada se encuentra el número de la tarjeta de crédito, el teléfono móvil y la relación de parentesco entre los viajeros, datos que muchos consideran excesivos e invasivos.
Las agencias de viajes también mostraron su desacuerdo, pidiendo ser excluidas de este registro, ya que consideran que no se ven directamente afectadas por la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana. Según Mercedes Tejero, gerente de la CEAV, la inclusión de las agencias en el registro violaría principios normativos establecidos.
Reacciones y perspectivas del sector
A pesar de las tensiones, la reunión reciente ha generado un atisbo de optimismo. Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), ha manifestado su esperanza en que este cambio de postura lleve a una adaptación del registro que no suponga una carga adicional para los hoteleros. «Estamos dispuestos a recopilar los datos que figuran en el DNI o el pasaporte del viajero y enviarlos a las autoridades», comentó.
Desde la CEAV, se ha solicitado una reunión específica con Interior para reiterar sus argumentos a favor de la exoneración. La incertidumbre persiste en cuanto a las sanciones que se aplicarán a las empresas por no cumplir con el nuevo registro. Según datos de SES Hospedajes, hasta el 21 de diciembre, había 298 500 empresas registradas, lo que representa un incremento significativo de casi 100 000 compañías desde marzo.
Implicaciones del nuevo registro
Los detalles sobre las sanciones aún son un misterio. Aunque se han iniciado expedientes sancionadores por incumplimientos anteriores a la nueva normativa, las empresas afectadas aún no han recibido claridad sobre las posibles multas. El actual código sancionador prevé infracciones leves y graves, con multas que oscilan entre 100 y 30 000 euros.
Desde el Ministerio del Interior, se ha insistido en que el objetivo del registro no es recaudatorio, sino que busca mejorar la seguridad ciudadana. En este contexto, se destaca el éxito de la plataforma SES Hospedajes, que ha producido más de 18 000 órdenes de busca y captura en los últimos dos años.
La evolución de esta negociación será crucial para el futuro de la relación entre el sector turístico y el Gobierno, y está por verse si el nuevo registro se implementará de manera que satisfaga tanto las necesidades de seguridad como las preocupaciones del sector.
