Los trabajadores de las ludotecas municipales de Melilla han denunciado que llevan hasta dos meses sin cobrar sus salarios, una situación que afecta a decenas de empleados, algunos de los cuales arrastran impagos desde finales de 2024. Ante esta grave situación, la consejera de Políticas Sociales y Salud Pública, Randa Mohamed, ha atribuido el problema a la gestión del anterior Gobierno, al que culpa de haber dejado caducar el contrato del servicio sin una alternativa lista para su renovación.
En declaraciones recientes, Mohamed defendió que su departamento se encontró con un único contrato vencido y que ha tenido que dividirlo en 32 nuevos lotes para poder sacar el servicio a licitación. “Nos hemos visto obligados, donde había un solo contrato, a sacar 32”, explicó. La consejera aseguró que esta reorganización busca mantener la continuidad laboral del personal afectado, reconociendo la difícil situación que atraviesan. “No pedimos gratitud por parte de ellos, porque entendemos la situación que están viviendo, que es muy complicada, muy límite”, añadió.
Consecuencias de la falta de pagos
En un comunicado difundido por los trabajadores el pasado 24 de julio, manifiestan que la falta de pago les ha dejado en una situación de precariedad económica grave. Alquileres sin pagar, hipotecas en riesgo de impago y facturas acumuladas son algunas de las consecuencias directas que enfrentan. “Trabajamos sin cobrar, y nadie da la cara”, afirman en el documento, el cual también señala la falta de respuesta institucional.
Uno de los puntos más criticados es la continuidad de Alvalop —anteriormente llamada Prosem— como empresa responsable del servicio. Los trabajadores recuerdan que esta entidad ha protagonizado episodios de impagos en otros territorios y consideran que la administración debió haberlo tenido en cuenta. “Cambiaron de nombre, pero no de prácticas”, denuncian, criticando además la supuesta falta de control por parte de la Consejería.
Medidas y respuestas oficiales
Mohamed aseguró que su departamento ha iniciado los trámites para imponer penalizaciones a la empresa por cada uno de los ocho lotes actuales de ludotecas. “Es un trámite que lleva tiempo. Hasta que no se resuelva, no se puede resolver el contrato”, explicó la consejera. Sin embargo, reconoció que “lo que está haciendo la empresa es brutal con ellos”, en referencia al trato a los trabajadores, y aseguró que la Consejería está utilizando todas las herramientas legales a su alcance para abordar el problema.
Algunos trabajadores, como los de la ludoteca de Cañada de Hidum, ya han pasado a estar contratados por otra empresa que sí paga con regularidad. No obstante, las deudas generadas durante los meses que estuvieron bajo la gestión de Alvalop siguen sin saldarse. Esta situación se suma a las denuncias previas de condiciones insostenibles en el centro, ya manifestadas en noviembre de 2024.
Randa Mohamed explicó también que ha mantenido reuniones con coordinadores de las ludotecas para informarles sobre las gestiones en curso. “Les trasladamos lo mismo: que entendemos la situación, que sentimos mucho la situación porque es grave y límite, y que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos de forma legal”, dijo.
El conflicto no es exclusivo de las ludotecas. En el comunicado, los trabajadores señalan que otros servicios sociales bajo la misma consejería, como el centro de menores La Purísima —gestionado por Tragsa— y el Gámez Morón —operado por Salzillo— también atraviesan problemas similares. Los firmantes interpretan esta situación como una muestra de una crisis más amplia en el modelo de gestión de los servicios públicos externalizados.
Además del pago inmediato de los salarios, los empleados reclaman que se rescinda el contrato con Alvalop y se depuren responsabilidades políticas. Advierten de que no aceptarán más demoras y que su trabajo diario, centrado en la atención a niños y familias, merece respeto y estabilidad laboral. Desde la administración, por el momento, se insiste en que la vía legal es la única opción posible, aunque no inmediata.
