El presidente de la Diputación de Almería y líder provincial del PP, Javier Aureliano García, fue detenido este martes dentro de una nueva fase de la investigación judicial conocida como ‘caso mascarillas’. La actuación forma parte de una operación dirigida por el Juzgado de Instrucción nº1 de Almería, que investiga presuntas irregularidades en contratos públicos vinculados inicialmente a la adquisición de material sanitario durante la pandemia.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a cabo la intervención a primera hora del día, con la detención de siete personas, entre ellas el vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez (PP), y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón (PP). La operación también alcanza a técnicos provinciales y presuntos intermediarios investigados por posible blanqueo de capitales.
Registros en edificios públicos y documentación intervenida
Durante la mañana se efectuaron registros en la sede de la Diputación y en diferentes domicilios y oficinas privadas. Según fuentes consultadas, los agentes requirieron contratos, expedientes y documentación administrativa, no solo de suministros sanitarios sino también de obras públicas, en el marco de líneas de investigación abiertas durante los últimos meses.
La detención de García se produjo cuando el presidente provincial llegó al edificio oficial, mientras que las detenciones del resto de responsables políticos se realizaron en sus respectivos domicilios. La investigación mantiene el secreto sobre varios aspectos del procedimiento, pero las fuentes judiciales señalan que la causa podría abarcar diferentes contratos adjudicados desde 2020.
Ampliación de la causa y nuevas sospechas
La operación supone una ampliación de la investigación iniciada en 2021, cuando salió a la luz un presunto contrato fraudulento de más de dos millones de euros en mascarillas. Ese procedimiento ya incluía como investigados a Giménez y Sánchez. El PSOE, como acusación popular, había solicitado recientemente la comparecencia de García como testigo, aún pendiente de declaración.
Fuentes judiciales señalan que los indicios apuntan, por ahora, a una posible adjudicación irregular de contratos públicos y al presunto cobro de comisiones mediante estructuras societarias que habrían servido para introducir los fondos en el circuito económico legal. El auto judicial incluye sospechas de cohecho, malversación y blanqueo de capitales, sin que exista todavía una conclusión definitiva.
Investigación activa y medidas cautelares
En esta fase del caso, la UCO ha recibido autorización para intervenir, copiar y analizar comunicaciones privadas relacionadas con la investigación. Además, se han aplicado medidas de aseguramiento patrimonial que afectan a bienes inmuebles, cuentas bancarias, vehículos y cajas de seguridad.
Los siete detenidos serán puestos a disposición judicial en los próximos días, momento en el que podrían conocerse más detalles sobre el alcance de la investigación. Por el momento, ninguna de las personas implicadas ha prestado declaración pública sobre los hechos y la causa continúa abierta, sin resoluciones judiciales firmes.
