Más de 80.000 leoneses se encuentran al borde del umbral de la pobreza severa debido al alto coste de la vivienda, según un informe elaborado por la empresa Foessa para Cáritas. Este estudio revela que, tras abonar sus gastos de vivienda, estas personas quedan en una situación de vulnerabilidad que afecta a sus condiciones de vida.
En total, se estima que 20.000 personas en la provincia de León tienen empleos precarios, contribuyendo a un panorama de exclusión social que afecta al 14,9% de la población. La directora de Cáritas en León, Aurora Baza, presentó el informe el pasado miércoles en el Museo Diocesano y de la Semana Santa, donde se destacó la seriedad de la situación.
Desigualdad y pobreza en aumento
El obispo de León, Luis Ángel de las Heras, subrayó la creciente desigualdad social durante la presentación del informe, señalando que “las desigualdades no deberían estar tan presentes en estos tiempos”. Hizo un llamado a la paz y a la unidad social, enfatizando que la pobreza y la exclusión no son problemas que surjan de crisis puntuales, como la provocada por la pandemia de COVID-19.
El informe indica que la subida de los alquileres, que ha aumentado un 31%, ha exacerbado la desigualdad en la región. Sin embargo, en Castilla y León se ha mantenido cierta estabilidad desde 2018. Raúl Flores, ponente del informe, advirtió que la pobreza económica se acompaña de una creciente pobreza relacional, que incluye el aislamiento social y el deterioro de las relaciones familiares y vecinales, aumentando 1,7 veces desde 2018.
Un llamado a la acción social
Flores enfatizó que “la vivienda es el epicentro de las desigualdades” y describió la situación de más de 80.000 leoneses como un “derecho fake”. Esta cifra representa casi el 20% de la población de León, lo que ilustra la gravedad del problema. El informe busca ser una herramienta para sensibilizar a la sociedad y a las instituciones sobre la necesidad de erradicar la exclusión social.
Cáritas, en sintonía con la Iglesia católica, ha manifestado su apoyo a la regularización de personas migrantes, recordando que esta es la quinta regularización que se realiza desde los años 80 en España. Según Flores, las personas migrantes sufren tres veces más pobreza que la población autóctona, lo que demuestra la necesidad de incluir a estas personas en el acceso a derechos fundamentales como la sanidad y el empleo.
El apoyo a la regularización de inmigrantes es respaldado no solo por la Iglesia, sino también por numerosas entidades sociales, empresariales y sindicales, a pesar de las posiciones contrarias de algunos partidos políticos como Vox o el PP. El informe de Cáritas es un claro llamado a la acción para abordar estas desigualdades y mejorar las condiciones de vida de los leoneses más vulnerables.
