El Ministerio de Sanidad ha revelado en su Informe Anual de 2024 sobre la Prestación de Ayuda para Morir que, durante este año, se completaron un total de 929 procesos, de los cuales 426 resultaron en prestaciones efectivas. Este informe detalla el avance de este derecho sanitario en el Sistema Nacional de Salud y ofrece una visión clara sobre el perfil de los solicitantes y la evolución de los procedimientos.
Del total de 929 procesos finalizados, 803 solicitudes fueron presentadas y resueltas en 2024, mientras que 126 se habían iniciado en años anteriores. De estos procesos, 308 personas fallecieron durante la tramitación, lo que representa un 33,15% del total. Además, el 15,18% de las solicitudes fueron denegadas por no cumplir con los requisitos legales, y un 5,81% de los solicitantes revocaron su petición.
Perfil del solicitante y causas más comunes
El perfil más común entre los solicitantes fue el de personas mayores de 60 años, que representaron el 75,89% de los procesos finalizados. El grupo de edad más frecuente fue el de mayores de 80 años, con un 27,77%. Las patologías más recurrentes que motivaron estas solicitudes fueron las enfermedades neurológicas, que afectaron al 32,51% de los solicitantes, y las oncológicas, que representaron el 29,71%.
La mayoría de las solicitudes siguieron el procedimiento establecido en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 3/2021 de Regulación de la Eutanasia, que exige que el solicitante tenga capacidad de hecho. En total, se iniciaron 51 procesos (5,49%) mediante instrucciones previas.
Detalles de las solicitudes y tiempos de tramitación
El informe también destaca que se registraron 141 denegaciones, un 15,18% del total de los 929 procesos. Las instancias evaluadoras emitieron 157 informes desfavorables, con 75 de ellos objeto de reclamación. De estas reclamaciones, 20 fueron estimadas por la Comisión de Garantía y Evaluación (CGyE), lo que permitió que algunos casos inicialmente denegados fueran aprobados como prestaciones efectivas.
En 2024, se produjeron 54 revocaciones de solicitudes, el doble que en el año anterior, donde se registraron 21. La mayoría de las revocaciones (38 casos) se realizaron antes de la segunda solicitud, mientras que 7 ocurrieron entre la segunda solicitud y la resolución final. En 9 casos, los solicitantes renunciaron a la prestación tras haberla aprobado la comisión.
El tiempo medio que transcurrió desde la solicitud hasta la resolución de la CGyE fue de 52,97 días, con una mediana de 41 días, superando el plazo máximo establecido por la ley de 30 a 40 días naturales. Desde la primera solicitud hasta la realización de la prestación, incluyendo aplazamientos, el tiempo medio fue de 82,65 días.
Un aspecto destacado en el informe es el incremento de la donación de órganos tras la prestación de ayuda para morir. En 2024, 63 personas (14,79% de las prestaciones) optaron por este programa, sumando un total de 156 donantes desde la entrada en vigor de la LORE en junio de 2021, lo que ha permitido el trasplante de 459 órganos y beneficiado a 442 personas.
Este informe no solo refleja el desarrollo de la regulación de la eutanasia en España, sino que también pone de manifiesto el impacto humano detrás de estas cifras y la complejidad de las decisiones que enfrentan los solicitantes y sus familias.
