La afirmación de Pedro Sánchez en el Congreso sobre la inexistencia de uranio en España ha sido desmentida por datos oficiales que revelan la existencia de recursos significativos en el país. Según el Libro Rojo del Uranio elaborado por la Agencia de Energía Nuclear (NEA) de la OCDE, se han identificado en 2022 un total de 34.350 toneladas de uranio (tU), de las cuales 23.000 tU son recursos razonablemente asegurados. Este número es crucial, ya que la cantidad de uranio requerida para los siete reactores nucleares activos en España fue de 1.109 tU en el mismo año.
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El análisis de estos recursos muestra que, aplicando un factor de recuperación nacional del 83%, España podría contar con suficiente uranio para abastecer sus reactores durante aproximadamente 17 años. Sin embargo, a pesar de la existencia de uranio, su extracción está prohibida desde la entrada en vigor de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, que impide la concesión de nuevos permisos para explorar o explotar minerales radiactivos.
Historia de la minería de uranio en España
Hasta el año 2000, España contaba con minas de uranio activas, pero el proceso de enriquecimiento del mineral siempre se realizaba en el extranjero debido a que era más coste-efectivo. Según un artículo publicado en la revista de Investigaciones de Historia Económica, en los años 70 se diseñó un ambicioso programa nuclear que contemplaba la instalación de hasta 40 reactores. Para ello, se fundó la Empresa Nacional del Uranio (ENUSA) en 1972, que realizó exploraciones que llevaron al descubrimiento de yacimientos en localidades como Ciudad Rodrigo (Salamanca) y Don Benito (Badajoz).
La situación cambió drásticamente a partir de los años 80, cuando la dificultad para obtener uranio aumentó, lo que llevó al cierre progresivo de las minas, culminando con el cierre de la última mina en Salamanca en el año 2000. Desde entonces, el uranio disponible en el país no se ha podido extraer de manera legal.
Prohibición de extracción y controversias legales
En el marco de la transición energética, se renovó en 2020 la autorización a la empresa Berkeley Minera para establecer una planta de fabricación de concentrados de uranio en Retortillo, Salamanca, pero esta autorización fue condicionada a un informe de evaluación de seguridad. Este informe, presentado en 2021, señaló que existían «elevadas incertidumbres» sobre la seguridad de la instalación, lo que llevó al Gobierno a rechazar el proyecto.
En la actualidad, Berkeley Minera está en medio de una batalla legal contra el Gobierno español, exigiendo una indemnización de 1.000 millones de dólares por lo que consideran un veto ilegal a su mina. La prohibición de extracción de minerales radiactivos se mantiene vigente, lo que plantea un dilema sobre el futuro de la industria nuclear en España, a pesar de contar con recursos significativos de uranio.
Maldita.es ha contactado al Ministerio de Presidencia para obtener aclaraciones sobre las afirmaciones de Pedro Sánchez, pero a la fecha de publicación no se ha recibido respuesta.
