La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Perú ha dado un giro significativo, con la consolidación de Roberto Sánchez como el principal rival de Keiko Fujimori en la segunda vuelta programada para el 7 de junio de 2024. Esta situación, aunque impactante, no sorprende a los analistas políticos, dado el contexto que rodea a la contienda electoral.
Sánchez, quien busca capitalizar la herencia política de Pedro Castillo, el expresidente encarcelado tras intentar disolver el Congreso en diciembre de 2022, ha logrado un 12,05% de los votos, superando a Rafael López Aliaga, el candidato de la ultraderecha, quien quedó en tercer lugar con un 17% de adhesiones. Este resultado en las urnas ha encendido las alarmas en una Lima que teme revivir la polarización y la incertidumbre que marcaron las elecciones de 2021, cuando Castillo derrotó a Fujimori en su tercer intento por alcanzar el Palacio Pizarro.
La contienda ha destacado por la gran dispersión de preferencias, donde más de 35 candidatos han competido. Con más del 80% del padrón electoral escrutado, Sánchez se ha posicionado fuertemente en regiones alejadas de la capital, donde el voto conservador ha prevalecido. En regiones como Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y San Martín, ha logrado un respaldo considerable.
Al conocer los resultados, Sánchez declaró: «El santo pueblo ha hablado», y abogó por «justicia restauradora para los mártires del sur andino», en referencia a las protestas de principios de 2023 que resultaron en decenas de muertes tras la destitución de Castillo. En su discurso, también hizo hincapié en que «la vida del Perú profundo se respeta o no tiene sentido ninguna democracia», y demandó la libertad del exmandatario.
Sin embargo, las elecciones no han estado exentas de controversia. El editorial del diario limeño El Comercio destacó una serie de irregularidades en el proceso electoral. Más de 55.000 ciudadanos en Lima no pudieron votar debido a que el material electoral no llegó a 187 mesas. López Aliaga aprovechó esta situación para denunciar un «fraude», aunque el titular de la Defensoría del Pueblo, José Gutiérrez, desestimó tales afirmaciones, afirmando que «no hay condiciones técnicas ni legales para hablar de fraude como un concepto general», aunque reconoció las responsabilidades de la ONPE en lo sucedido.
El analista César Hildebrandt comentó que los asesores de Fujimori están «exultantes» ante la posibilidad de que Sánchez permita a Fuerza Popular posicionarse como una alternativa frente al regreso de una expresión de izquierdas al Gobierno. Sin embargo, advirtió que muchos peruanos, especialmente aquellos que aún recuerdan la autocracia de Alberto Fujimori, podrían no inclinarse por ella en la segunda vuelta.
Así, la segunda vuelta se perfila como un nuevo capítulo en la convulsa historia política peruana, donde los ciudadanos deberán decidir entre un candidato que representa una nueva ola de izquierda y una heredera de la derecha tradicional que busca retener el poder. La contienda no solo definirá el futuro inmediato de Perú, sino que también traerá consigo el peso de un pasado reciente que aún resuena en la memoria colectiva del país.
