El caso de Martiño Ramos, un profesor acusado de abusos sexuales a una alumna, ha desatado una profunda indignación en la localidad de Cea, en la provincia de Ourense. A pesar de haber sido condenado a trece años de prisión, su situación ha revelado graves fallos en el sistema judicial y educativo, así como la vulnerabilidad de las víctimas frente a agresores que gozan de reconocimiento social.
Ramos, un activo militante de Ourense en Común y En Marea, se presentaba como defensor de los derechos de las mujeres mientras, según la sentencia firme, abusaba de una alumna de un colegio público. Los abusos comenzaron en 2019 y la víctima denunció los hechos en 2021. La investigación judicial documentó cómo el profesor manipulaba a la menor, la agredía físicamente y la violaba, lo que le causó graves secuelas psicológicas que llevaron a la joven a autolesionarse y ser ingresada por problemas psiquiátricos.
Impunidad y falta de acción
Durante el proceso judicial, que se prolongó durante cuatro años, la Fiscalía nunca solicitó su ingreso en prisión provisional. Además, la Xunta de Galicia permitió que Ramos continuara dando clases a pesar de las denuncias en su contra. La comunidad se siente impotente ante la falta de medidas que protegieran a los menores. «Conocer esta historia, una niña tan pequeña, un profesor… y que nadie lo hubiera vigilado después de la denuncia, llama poderosamente la atención», comentó un vecino de Cea.
La primera sentencia llegó en julio de 2024, y aunque la Consellería suspendió provisionalmente al profesor, la justicia no había decretado medidas cautelares. «¿Trece años de cárcel…? Para mí eso es poco. A la niña le va a quedar la marca para siempre», expresó un residente, reflejando el sentir de muchos en la comunidad. La situación se agravó tras la confirmación del Tribunal Supremo en julio de 2025, que implicó la suspensión de empleo y sueldo, pero Ramos ya había desaparecido.
Denuncias de descoordinación entre instituciones
La fuga del profesor ha dejado desconcertados a los vecinos, que exigen responsabilidades. La Confederación Galega de Asociacións de Nais e Pais y la Marcha Mundial das Mulleres critican la descoordinación entre las instituciones y la falta de protocolos claros para proteger a los menores y a las mujeres. La Consellería de Educación asegura que actuó siguiendo las indicaciones de la justicia y que ha implementado un nuevo protocolo contra la violencia en la infancia y adolescencia en los centros educativos.
Sin embargo, la sensación de rabia y desesperación crece en Cea. «Había que tenerlo ya controlado, porque él ya estaba denunciado», apunta un viandante, subrayando la indignación generalizada ante una situación que ha dejado profundas cicatrices en la comunidad. Cada día que pasa, la preocupación por la seguridad de los menores se intensifica, y la demanda de justicia se hace más evidente.
