La Fiscalía Superior de Andalucía ha iniciado una investigación sobre la gestión de los programas de cribado del cáncer de mama en la comunidad, a raíz de la controversia generada en el Parlamento andaluz. Este desarrollo se produce tras un pleno monográfico sobre sanidad que derivó en un enfrentamiento entre el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la diputada de Por Andalucía, Inmaculada Nieto.
Durante su intervención, Nieto mostró en el hemiciclo dos mamografías de una misma paciente para señalar supuestas irregularidades en el sistema informático sanitario. En una de las imágenes aparecía una lesión detectada junto al nombre del facultativo, mientras que en la segunda, que reapareció tras una caída del sistema, no se incluían ni la marca ni la identificación del profesional. Estas declaraciones provocaron una contundente respuesta de Moreno, quien acusó a Nieto de «poner en duda la profesionalidad de los sanitarios» y consideró «muy grave» insinuar que los médicos manipulan los datos clínicos de los pacientes.
Contexto de la polémica
Moreno defendió que el programa de cribado de cáncer de mama «es 100% público» y ha estado activo desde 2010 con unidades móviles que recorren zonas rurales, en virtud de un contrato firmado por la entonces consejera María Jesús Montero. Además, destacó que los diagnósticos son realizados por «radiólogos y oncólogos de la sanidad pública», rechazando cualquier sospecha de manipulación.
La controversia se enmarca en un creciente enfrentamiento entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Sanidad por los datos de los programas de detección precoz del cáncer. Varias comunidades gobernadas por el Partido Popular, incluida Andalucía, se han negado a compartir ciertos datos con el Ministerio, lo que ha generado un conflicto institucional y ha complicado la coordinación de los cribados a nivel nacional. Ante esta situación, la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha subrayado la necesidad de mantener y mejorar estos programas, recordando que cada día mueren alrededor de 300 personas por cáncer en España.
Demandas de transparencia y responsabilidad
Desde la Junta se defiende la integridad del sistema, insistiendo en que las imágenes y los informes son custodiados por profesionales sanitarios. Sin embargo, desde la oposición se exige claridad, auditorías y acceso a los registros para garantizar la transparencia. Moreno también alertó sobre el clima de tensión generado por «bulos y demagogias», asegurando que varios radiólogos han recibido amenazas verbales tras las acusaciones públicas.
“Algun día llegaremos a una amenaza violenta si esto continúa”, alertó el presidente andaluz, quien pidió prudencia en el lenguaje y responsabilidad a los grupos políticos. Durante el pleno, Moreno aprovechó la ocasión para defender la gestión presupuestaria de su Ejecutivo, anunciando que el presupuesto de 2026 incluirá una partida superior a 16 000 millones de euros destinados a sanidad, y negó categóricamente cualquier plan de privatización del sistema sanitario andaluz. «No privatizamos, no. Nuestro sistema es público y lo seguirá siendo», afirmó.
