Más de 1.000 profesionales de la salud en Castilla y León se han registrado como objetores de conciencia, lo que ha generado un notable retraso en los procesos de eutanasia. Este incremento ha llevado a que el 40% de las personas que solicitaron esta prestación el año pasado fallecieran mientras aguardaban la valoración de su solicitud o cuando ya había sido aprobada y solo faltaba su ejecución.
En el año 2024, la Comunidad experimentó un incremento en el número de solicitudes, pasando de 27 a 40. De estas, tan solo 15 se llevaron a cabo, frente a las 12 del periodo anterior. En Salamanca, el panorama es aún más desalentador: solo una persona recibió la prestación de eutanasia durante 2024, de un total de cinco solicitudes, tres fueron denegadas y una persona falleció durante el proceso de tramitación.
El proceso de solicitud y los obstáculos encontrados
El proceso para solicitar la eutanasia está protocolizado a nivel nacional y coordinado en cada comunidad autónoma por una Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia. En Castilla y León, esta comisión está presidida por Francisco Vara, responsable de la Unidad de Cuidados Paliativos de Los Montalvos. Vara asumió la presidencia tras la jubilación de su predecesor y fue recientemente nombrado para un nuevo periodo de tres años.
Desde que una persona solicita la eutanasia, un médico responsable debe evaluar si el paciente cumple con los requisitos necesarios. Si se considera que la solicitud procede, se envía un informe a un médico consultor, especializado en la enfermedad del paciente. Una vez que este otorga su aprobación, el caso se presenta a la Comisión de Garantía y Evaluación, que toma la decisión final.
La Comisión ha expresado dificultades para cumplir con los plazos establecidos en la ley, incrementándose el tiempo medio de espera desde la solicitud hasta la autorización de la prestación, que ha pasado de 54 a 58 días, con un incremento que supera los 80 días en algunos casos. La demora desde la resolución favorable hasta la ejecución de la eutanasia también ha aumentado, pasando de 12 a 24 días.
El impacto de la objeción de conciencia
Una de las principales causas de estos retrasos es la objeción de conciencia de muchos médicos. En ocasiones, los pacientes presentan su solicitud a su médico habitual, solo para descubrir que este es objetor. Esto dificulta que otro médico, que no tiene un vínculo previo con el paciente, asuma la responsabilidad de llevar a cabo la prestación.
Según el registro de Castilla y León, actualmente hay 1.028 profesionales sanitarios objetores, de los cuales 889 son médicos, 303 personal de enfermería y 16 farmacéuticos. La situación se complica aún más cuando se menciona que todos los farmacéuticos de uno de los hospitales de la comunidad también son objetores, lo que obliga a que otros hospitales tengan que suministrar los medicamentos necesarios.
La mayoría de las solicitudes de eutanasia provienen de pacientes con enfermedades neurológicas degenerativas graves, como la ELA. En 2024, de las 40 solicitudes valoradas, 25 correspondieron a patologías neurológicas, con 17 casos de ELA. También se registraron 11 solicitudes de pacientes oncológicos con cáncer terminal.
En el perfil del paciente que solicitó la eutanasia, se observó una clara diferencia de género: 26 eran hombres y 14 mujeres. En cuanto a los especialistas que llevaron a cabo las prestaciones, intervinieron 11 médicos de familia, 3 neurólogos y 1 internista.
La complejidad del proceso y los cambios recientes en la Comisión de Garantía y Evaluación, como la salida de la neuróloga Dolores Calabria y la inclusión de la enfermera Cristina Bravo Vicente, están generando un debate sobre la eficacia y la celeridad del sistema de eutanasia en la comunidad. La necesidad de ajustar los protocolos parece más urgente que nunca para evitar que más pacientes sufran mientras esperan una respuesta a su solicitud.
