El caso Koldo y la acusación contra Santos Cerdán están provocando un agitado debate político en el seno del Gobierno. Sumar, que ha ejercido presión desde el inicio para que los socialistas implementaran medidas de regeneración, ha cambiado su enfoque, poniendo en duda la instrucción judicial y sugiriendo que se trata de una «investigación prospectiva» dirigida por el juez Leopoldo Puente. Esta postura coincide con la defensa de Cerdán, quien se encuentra en prisión provisional desde finales de junio.
La defensa de Cerdán, llevada a cabo por los abogados Benet Salellas y Jacobo Teijelo, busca cuestionar la investigación desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, argumentando que el imputado que da nombre al caso, Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, actuó como un “agente provocador” en una operación que, según ellos, se desarrollaba “bajo dirección policial”. Este argumento se basa en la incautación de audios de conversaciones intervenidas a García, quien supuestamente recibió los dispositivos de un guardia civil también imputado, el comandante Rubén Villalba. Si se confirma esta teoría, la defensa solicita la nulidad de las actuaciones.
A pesar de la defensa argumentativa, el juez Puente no ha dado crédito a esta teoría por el momento, aunque ha autorizado el acceso a los audios que la Guardia Civil utilizó como base para su informe contra Cerdán, un nuevo análisis que aún está pendiente. Sumar se ha adherido en parte a esta tesis, solicitando personarse junto a los Comunes como acusación popular en la causa y cuestionando la figura de Koldo, cuyo papel es fundamental en la investigación.
En un contexto donde Cerdán expresa su desconfianza hacia la investigación en sus escritos judiciales, Sumar ha trasladado estas dudas al ámbito político y parlamentario. En un conjunto de preguntas dirigidas al Gobierno el pasado 22 de julio, el diputado de Sumar Gerardo Pisarello recordó que Koldo fue condecorado por la Guardia Civil durante la etapa del popular José Ignacio Zoido como ministro del Interior, sugiriendo así una posible influencia del Gobierno conservador en la operación. Además, destacó que se le incautaron 23 dispositivos móviles, una situación que considera «un tanto extraña para un mero asesor político».
Pisarello sostiene que los «vínculos personales, simbólicos y orgánicos entre el principal corruptor y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» generan un «problema de confianza institucional y de legitimidad democrática». En este sentido, asegura que «la ciudadanía tiene derecho a saber si hubo protección institucional encubierta» a Koldo García y «si se usaron canales oficiales para ocultar o tolerar actividades delictivas».
En su exposición de motivos, Sumar también preguntó al Gobierno sobre la existencia de «algún tipo de intervención, obstaculización o filtración de información» por parte de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pudiera haber beneficiado a Koldo García o dificultado el avance de las investigaciones. Uno de los principales argumentos de Cerdán para solicitar su puesta en libertad es que está siendo objeto de una persecución por motivos políticos, además de intentar deslegitimar las pruebas en su contra. Esta posición es compartida por una parte del independentismo y, en menor medida, por el ala del PSOE en el Gobierno en situaciones similares.
Según la última petición de libertad de Cerdán, se ha convertido en objetivo político por ser el encargado de negociar los apoyos del Gobierno progresista. Argumenta que el instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno, autorizó revisar todas las comunicaciones intervenidas en la causa el pasado 4 de febrero. Esto ocurrió en un momento en que el PP y VOX votaron con Junts en contra de la convalidación de un decreto, lo que provocó una crisis en el apoyo parlamentario al Gobierno.
El juez Moreno justificó su decisión basándose en la declaración del comisionista Víctor de Aldama, quien vinculó a Cerdán y al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, con la trama de corrupción investigada, aunque la implicación del canario no ha sido confirmada. Salellas y Teijelo consideran que esto constituye una intromisión en la inviolabilidad e inmunidad de los diputados, pidiendo al Supremo que informe al Congreso de esta situación, ya que la revisión de las comunicaciones afecta a diputados y, por ende, a personas aforadas.
Aseguran que se trata de «una acción de pesquisa general contra miembros de partidos políticos de modo indiscriminado» y advierten que «utilizar litigios penales para influir en la acción de gobierno es un uso perverso del derecho». La autorización de la Audiencia Nacional para revisar las comunicaciones también ha sido objeto de queja por parte de Sumar, que ha enviado un escrito a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, pidiendo que el Tribunal Supremo especifique qué diputados están afectados por la investigación.
Entre los diputados mencionados se encuentran Santos Cerdán, quien dejó el acta en junio, y el ministro Ángel Víctor Torres, «así como otras personas aforadas», según el auto de instrucción que ordenó a la UCO acceder a las comunicaciones de los dispositivos intervenidos. Pisarello argumenta que Torres y los demás diputados afectados «no figuran hoy en día como investigados en dicha causa», advirtiendo que «la diligencia podría implicar una investigación encubierta o prospectiva sobre parlamentarios aforados sin el preceptivo suplicatorio», lo que supone una «vulneración» del artículo 71 de la Constitución española.
Desde Sumar confirman que el escrito se elaboró en nombre de todo el grupo parlamentario, y no solo de los Comunes, a los que pertenece Pisarello. Fuentes internas de Sumar han expresado su creciente inquietud respecto a la investigación en torno a Koldo García y el papel del asesor. Una voz interna ha señalado que «huele mal», mientras que otra apuntó que «es cada vez más raro», destacando las «incógnitas» generadas por este caso. El malestar en torno a esta investigación va en aumento, coincidiendo con otros casos judiciales que afectan directamente al Gobierno.
