La escasez de intérpretes en el sistema sanitario español está generando graves problemas de acceso y comunicación para pacientes, especialmente aquellos pertenecientes a colectivos vulnerables. Esta situación se traduce en diagnósticos incorrectos, falta de adherencia a tratamientos y retrasos en la atención médica.
Un caso emblemático ocurrió en febrero de 2011, cuando una mujer argelina que residía en la provincia de Lugo dio a luz en el Hospital da Costa de Burela. Dado que no hablaba bien el castellano, firmó documentos que creía eran para su alta, sin saber que estaba autorizando la adopción de su hija. Este incidente subraya las fallas del sistema, donde la falta de intérpretes y traductores pone en riesgo a los más desprotegidos.
Un derecho olvidado
Según Maribel del Pozo Triviño, vicerrectora de Internacionalización en la Universidad de Vigo y catedrática del departamento de Traducción y Lingüística, en España el derecho a la traducción e interpretación no está contemplado en la legislación vigente, excepto en procesos penales. A pesar de que algunas comunidades autónomas han implementado recursos para ciertos colectivos en el ámbito hospitalario, estas iniciativas son insuficientes y carecen de un marco regulatorio efectivo.
En Galicia, los intérpretes solo están disponibles en situaciones específicas, como en el caso de personas sordas en urgencias. La dependencia de tecnologías como Google Translate o asistentes no profesionales se ha vuelto habitual, lo que pone en riesgo la comunicación adecuada entre paciente y médico. Del Pozo señala que «el derecho a la información se pierde totalmente si no tienes acceso a ella en tu propia lengua».
Los riesgos de la falta de comunicación
La interpretación no solo implica traducir palabras, sino también entender contextos culturales y garantizar una comunicación efectiva. María Reimóndez, intérprete y miembro de la Asociación Galega de Profesionais da Tradución e da Interpretación, resalta que «hay una carencia total de una estructura» que asegure la presencia de intérpretes en el ámbito sanitario. Esto es crítico para asegurar la autonomía y el derecho a la confidencialidad de los pacientes.
La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Galicia (Faxpg) ha denunciado que, aunque se ha implementado un servicio de videointerpretación de lengua de signos en urgencias desde 2024, las limitaciones persisten. Muchos pacientes sordos enfrentan problemas en consultas programadas, hospitalizaciones y otros procedimientos médicos, lo que puede llevar a diagnósticos erróneos y medicaciones incorrectas.
Una de las principales críticas es que, al ingresar a un hospital, las personas sordas pierden el acceso a la interpretación, lo que compromete su atención. Elena Pena Pereira, responsable de comunicación de Faxpg, enfatiza que «depender de un familiar no es autonomía», pues a menudo se pierde información vital que no se comunica adecuadamente.
La situación es aún más preocupante en casos donde el paciente necesita recibir malas noticias. En esos momentos, la presencia de un intérprete calificado es fundamental para garantizar que la información se transmita de manera clara y compasiva.
Existen ejemplos de buenas prácticas en algunos hospitales privados en España, donde servicios de traducción están disponibles las 24 horas. María Rojas Sanjuán, intérprete en el hospital HLA Santa Isabel de Sevilla, trabaja en un sistema que permite la atención continua de pacientes internacionales, asegurando que puedan comunicarse correctamente con el personal médico a lo largo de todo su proceso asistencial.
No obstante, la falta de intérpretes en el sistema público sigue siendo una barrera crítica. La realidad es que muchos pacientes se ven obligados a depender de voluntarios, familiares o incluso aplicaciones que no son adecuadas para un contexto tan delicado como es la salud. Esta situación es insostenible y requiere una respuesta urgente de las autoridades para garantizar un acceso equitativo a la atención sanitaria.
La falta de intérpretes en la sanidad no solo crea desigualdades evidentes, sino que pone en riesgo la salud y el bienestar de las personas que, debido a barreras lingüísticas, no pueden recibir la atención que merecen. La solución a este problema debe ser una prioridad para el sistema sanitario español.
