Un año después del fatal accidente de un autocar en Francia, las víctimas continúan luchando por recibir las indemnizaciones por los daños sufridos. Este 1 de diciembre se conmemoró el primer aniversario de la colisión, que resultó en la muerte de tres mujeres al estrellarse el autobús, que regresaba a Barcelona tras una excursión a Andorra, contra un muro en una carretera de montaña en la localidad de Porte-Puymorens.
Los pasajeros eran en su mayoría inmigrantes sudamericanos que residían en la capital catalana, atraídos por una oferta de viaje de solo 27 euros por plaza. El conductor del vehículo, un administrador de una empresa de transporte que se disolvió por quiebra, fue detenido tras dar positivo en cocaína después del choque, que se originó por un fallo mecánico, actualmente investigado por la fiscalía y un tribunal en Marsella.
Demandas judiciales en marcha
Mientras tanto, un número significativo de las víctimas ha decidido recurrir a los juzgados españoles para intentar obtener las compensaciones que les corresponden. Aproximadamente la mitad de los viajeros que participaron en la excursión trágica ha iniciado este proceso. “Nos hemos visto obligados a iniciar acciones judiciales en España para desbloquear la situación y asegurar que las víctimas reciban lo antes posible la indemnización íntegra conforme a derecho”, afirma Francisco Javier Espinola, abogado del despacho Indemnización por Accidente. Este bufete representa a 17 heridos y a los familiares de las tres fallecidas.
Espinola destaca que se han presentado demandas para exigir la totalidad del importe de reparación “por cada uno de los clientes” a los que asesoran en los trámites judiciales. Las víctimas provienen de entornos humildes, y meses atrás, el bufete advirtió sobre sus precariedades económicas, con dificultades incluso para cubrir el alquiler, debido a la falta de prestaciones que compensaran sus salarios. Algunos de ellos no contaban con trabajo formal y, por ende, carecían de cobertura.
Compensaciones insuficientes
El abogado explica que han realizado múltiples intentos para reclamar extrajudicialmente un aumento en las cuantías indemnizatorias ofrecidas hasta la fecha, buscando cubrir adecuadamente las necesidades de cada lesionado. “Aunque algunos ya han finalizado su proceso de recuperación y están estabilizados, no han recibido aún la totalidad de la indemnización que les corresponde”, añade.
La responsabilidad del pago de las indemnizaciones recae en Allianz, la aseguradora del autobús que el conductor tenía alquilado a una tercera empresa y que sufrió graves daños en el impacto, que dejó tres víctimas mortales y alrededor de 40 heridos. “Todavía no ha indemnizado en su totalidad a ninguno de ellos”, subraya Espinola, quien aclara que todos sus representados han recibido pagos a cuenta, que son avances parciales de la compensación, “pero ninguno ha sido indemnizado íntegramente”.
En algunos casos, los retrasos en la indemnización se deben a que la valoración del total del daño no se puede realizar hasta que no finalicen los tratamientos médicos de los afectados. En otros, Allianz ha abonado aproximadamente el 75% de la indemnización, aplicando una rebaja general a todos los pasajeros mientras se determina si llevaban el cinturón de seguridad abrochado al momento del siniestro. “Por el momento, no consta que haya finalizado la investigación ni se haya dado por cerrado el atestado en Francia”, apunta Espinola, quien también señala que “no existe información definitiva” sobre el uso de los cinturones.
El abogado se muestra escéptico respecto a la posibilidad de que se pueda determinar con certeza el uso correcto del cinturón por cada pasajero involucrado. “Reducir de forma automática un 25% a todos los pasajeros por el cinturón no es aceptable cuando no se puede acreditar caso por caso”, asegura. El despacho de Espinola indica que solo dos de sus clientes han recibido una oferta definitiva de compensación por parte de la aseguradora, al haber finalizado su rehabilitación, pero la cantidad ofrecida es insuficiente, más allá de la reducción del 25% por el cinturón, por lo que continúan reclamando un aumento en la misma.
Paralelamente, la causa penal abierta en Francia sigue su curso, y la investigación aún se encuentra bajo secreto, aunque “no implica inactividad”, observa el abogado. “Se están llevando a cabo peritajes exhaustivos: de mecánica, de la Inspección Técnica de Vehículos, el tacógrafo, los factores humanos y la cadena empresarial”, enumera.
Las víctimas de este trágico accidente continúan esperando respuestas y justicia un año después, mientras la lucha por las indemnizaciones se intensifica en los tribunales.
