El Tribunal Supremo ha emitido una nueva sentencia favorable a Ence, validando la prórroga de su concesión en la planta de Lourizán, en Pontevedra, hasta el año 2073. Esta decisión sigue a la anulación en febrero de 2023 de sentencias de la Audiencia Nacional que apoyaban la posición del Concello de Pontevedra y de Greenpeace, quienes se oponen a la continuidad de la concesión.
En esta ocasión, el alto tribunal ha resuelto un recurso similar presentado por la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR), ratificando la legalidad de la prórroga concedida en 2016. Al igual que en el fallo anterior, se han estimado los argumentos de Ence, así como los de otras entidades como la Autoridad Portuaria de Marín y diversos comités de empresa.
Argumentos del Tribunal Supremo
El Tribunal considera que no es aplicable el artículo 32.1 de la Ley de Costas a las prórrogas que se otorgan bajo el amparo del artículo 2 de la Ley 2/2013. Según fuentes cercanas al caso, la APDR había planteado que la Audiencia Nacional no examinó tres motivos en su demanda: la supuesta extralimitación del Gobierno al dictar la resolución de prórroga de 2016, la aplicación de la Directiva 2006/123/CE sobre servicios en el mercado interior, y la alegación de que la prórroga desde 1958 hasta 2073 vulnera el artículo 132.1 de la Constitución.
El Supremo ha desestimado la solicitud de la APDR para que se retrotrajeran las actuaciones a la Audiencia Nacional, argumentando que en casación solo se puede impugnar el fallo, no los fundamentos. Además, ha reiterado que la Directiva de Servicios no es aplicable a las prórrogas de concesiones en el régimen transitorio de la Ley de Costas, ya que estas son compensaciones a titulares de derechos anteriores.
Próximos pasos en el proceso
El futuro del asunto ahora se encuentra en manos del Tribunal Constitucional, al que el Concello de Pontevedra acudió hace casi dos años. En mayo de 2023, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de amparo interpuesto por el gobierno local contra la primera sentencia del Supremo, similar a la que se acaba de conocer con respecto a la APDR.
En la providencia enviada al gobierno municipal, se subrayaba que el recurso tiene una «especial trascendencia constitucional» al plantear un problema que afecta a un derecho fundamental, sobre el cual no existe doctrina establecida en el tribunal. Esta situación sugiere que el debate sobre la prórroga de la concesión de Ence en Pontevedra aún tiene recorrido legal por delante y podría generar nuevas controversias en el ámbito judicial y medioambiental.
